TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un informe de auditoria forense realizado al proceso de entrega y recolección del transporte, custodia y vigilancia de las maletas electorales y kits tecnológicos de las 856 Juntas Receptoras de Votos (JRV) a los 327 centro de votación en el Distrito Central, señala que parte de la responsabilidad por los retrasos logísticos del pasado 9 de marzo, recae […] TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un informe de auditoria forense realizado al proceso de entrega y recolección del transporte, custodia y vigilancia de las maletas electorales y kits tecnológicos de las 856 Juntas Receptoras de Votos (JRV) a los 327 centro de votación en el Distrito Central, señala que parte de la responsabilidad por los retrasos logísticos del pasado 9 de marzo, recae
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un informe de auditoria forense realizado al proceso de entrega y recolección del transporte, custodia y vigilancia de las maletas electorales y kits tecnológicos de las 856 Juntas Receptoras de Votos (JRV) a los 327 centro de votación en el Distrito Central, señala que parte de la responsabilidad por los retrasos logísticos del pasado 9 de marzo, recae en el excoordinador del Proyecto de Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Joel Ramos García.
Lo anterior, tras habérsele delegado esa función en coordinación con las Fuerzas Armadas (FF. AA.), aceptando y solicitando de manera unilateral con la empresa adjudicada, Ingeniería Logística y Transporte, representada por Carlos Salomón Fonseca Robles, el cambio y tipo de unidades estipulado en el contrato, de camiones de carga a autobuses.
«Incumpliendo así los requerimientos derivados del contrato suscrito en el CNE. Aunado a la omisión de entregar, el diseño, de la preparación para la organización, de rutas para despacho, y carga de las maletas electorales y kit tecnológico del municipio del Distrito Central», detalla el documento.
“Lo que ya venía atrasado para la entrega fuera de tiempo, a causa de la impresión y entrega de los documentos electorales por parte de la empresa», agrega el documento.
El informe también indica que Ramos García durante su audiencia de descargo realizada el pasado 12 de marzo, tras ser separado del órgano electoral reveló que “recibió instrucciones directas del consejero Marlon Ochoa para conseguir 50 vehículos del Estado, durante el sábado 8 de marzo”.
“Los mismos deberían de estar disponibles en el Campo de Parada Marte el domingo 09 de marzo a las 4:30 am, para una labor de apoyo al proyecto de configuración de equipo, los que iban a verificar en los centros de votación, la instalación de los equipos tecnológicos, provocando un déficit en la demanda de disponibilidad en los vehículos del estado, para la distribución de las 40 maletas electorales y kits tecnológicos a los centros de votación…”
“Esta indisponibilidad de vehículos generó un vacío en la flota vehicular que impactó en la distribución, en la carga y despacho de las maletas electorales y kits tecnológicos a los centros de votación, pues no se solicitaron como adicionales al gobierno, como se indicó, tomándose de los ya recibidos”, señaló Ramos, quien fue despedido de su cargo, días después de celebrarse las elecciones primarias.
El informe destaca que Ochoa “se ve comprometido al dar órdenes contrarias a las dispuestas por la Consejera Presidenta” cuando exigió que regresaran al Instituto Técnico Honduras varios buses con maletas electorales y sus respectivos kits tecnológicos, a pesar que la funcionaria Dirla Jackeline Vijil le explicó que no era conveniente debido a que las maletas no correspondían a ese centro de votación.
El informe «Auditoría forense sobre el proceso de entrega y recolección del transporte, custodia y vigilancia de la maleta electoral y kit tecnológico de las 865 JRV a los 327 centros de votación del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Elecciones primarias e internas 09 de marzo 2025”, fue elaborado por el especialista electoral Carlos Humberto Romero Andrade y uno de los dos informes presentados por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall a los fiscales y agentes ATIC del Ministerio Público cuando se presentaron a su entrevista.
En otra de sus conclusiones el informe destaca que Joel Ramos García ha coordinado todos los elementos vinculados al transporte, desde requerimientos técnicos de la contratación, la adjudicación y ejecución del proyecto y tomó “decisiones y emitir instrucciones al proveedor del servicio, sin consultar previamente a los mandos superiores del CNE”.
También se concluyó en el informe que Ramos aceptó el “ cambio del tipo de unidades estipulado en el contrato, de camiones de carga a autobuses, incumpliendo así los requerimientos derivados del contrato suscrito con el CNE”.
Al mismo tiempo, se indica que las Fuerzas Armadas era el obligado ineludible de evitar el resultado que se produjo con el enorme atraso injustificado, ilegal y arbitrario provocado en la entrega del material electoral a los centros de votación.
El informe contiene además testimonios de funcionarias del CNE, así como de los conductores de los buses que recibieron instrucciones de los militares que custodiaban el material para trasladarse de un sitio a otro cuando recibían información que elementos del consejo electoral los buscaban para recuperar las maletas electorales para ser trasladadas a los sitios donde correspondían.
“Resulta inexplicable que las Fuerzas Armadas, en el momento de que se diera la situación, en lugar de ordenar a todos los militares que regresaran al Centro Logístico Electoral (CLE), obligaron a los conductores de los autobuses que trasladaban maletas electorales, que se estacionaran durante varias horas, en distintas calles del Distrito Central, sin ninguna justificación”, añade el informe.
En conclusión, “fue evidente la puesta en riesgo del proceso electoral por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA), por la interrupción del curso de traslado de las maletas electorales a sus centros de votación correspondiente, cita el referido documento, en poder del Ministerio Público.
Política – Confidencial HN