Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, lanzó una advertencia directa y sin rodeos: el nuevo gobierno está recibiendo un Estado con una deuda flotante superior a L24,100 millones, además de compromisos acumulados que hoy presionan la caja única y limitan el margen de maniobra para cumplir con salarios, pagos pendientes y programas clave.
Según explicó el funcionario, la situación no solo implica números, sino una cadena de obligaciones que se arrastran desde la administración anterior, incluyendo pagos atrasados con maestros, médicos, constructoras y diversos sectores del aparato estatal. En el fondo, el mensaje es claro: el gobierno inicia con el reto de administrar una crisis financiera heredada sin margen para improvisaciones.
Hércules sostuvo que, pese al peso de la deuda, la prioridad es mantener el control fiscal y avanzar con una estrategia responsable. “No vamos a llorar sobre la leche derramada”, expresó, subrayando que el enfoque será mirar hacia adelante y utilizar “cada uno de los lempiras del pueblo hondureño” con responsabilidad fiscal y máxima disciplina.
En ese contexto, confirmó que la planilla de docentes de enero fue pagada completamente, con un desembolso de L1,924 millones, reconociendo que existieron retrasos iniciales, pero atribuyéndolos a problemas administrativos que se corrigieron tras la incorporación de la nueva ministra de Educación.
El ministro aseguró que el objetivo inmediato es que las planillas de febrero se carguen con normalidad, así como los pagos colaterales pendientes, incluyendo vacaciones y otras obligaciones laborales. El gobierno busca, dijo, avanzar de manera progresiva para evitar nuevas tensiones sociales y prevenir parálisis en los servicios públicos.
Pero uno de los frentes más sensibles está en el sector constructor. Hércules reveló que existe una deuda heredada de aproximadamente L3,400 millones con empresas de infraestructura, acumulada desde el año pasado. Indicó que ya se trabaja en un esquema de pagos parciales para cumplir en las próximas semanas y avanzar con el programa de bacheo nacional previo a Semana Santa.
Sin embargo, el golpe más fuerte para la estabilidad financiera, según el ministro, proviene de los embargos judiciales. En los últimos seis días, se habrían ejecutado alrededor de L2,700 millones en embargos contra la caja única del Estado, mediante débitos automáticos canalizados por el Banco Central de Honduras (BCH).
Hércules advirtió que este tipo de deducciones impactan de manera directa al Tesoro Nacional, afectando la capacidad de ejecución de salarios, proyectos públicos y el funcionamiento de las gerencias estatales. En otras palabras: el dinero entra, pero sale de inmediato, dejando al gobierno con una caja asfixiada.
Ante este escenario, informó que Finanzas ya trabaja junto al BCH y la Procuraduría General de la República, con el fin de analizar mecanismos que permitan aliviar la presión y recuperar margen operativo para sostener la administración pública.
El trasfondo es tan político como económico: el gobierno de Nasry Asfura inicia con la obligación de responder a promesas de campaña, mientras enfrenta una estructura financiera golpeada por deudas, atrasos y demandas judiciales que amenazan con drenar recursos clave. Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
¡DIOS BENDIGA A HONDURAS!
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Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, lanzó una advertencia directa y sin rodeos: el nuevo gobierno está recibiendo un Estado con una deuda flotante superior a L24,100 millones, además de compromisos acumulados que hoy presionan la caja única y limitan el margen de maniobra para cumplir con salarios, pagos pendientes y programas clave.
Según explicó el funcionario, la situación no solo implica números, sino una cadena de obligaciones que se arrastran desde la administración anterior, incluyendo pagos atrasados con maestros, médicos, constructoras y diversos sectores del aparato estatal. En el fondo, el mensaje es claro: el gobierno inicia con el reto de administrar una crisis financiera heredada sin margen para improvisaciones.
Hércules sostuvo que, pese al peso de la deuda, la prioridad es mantener el control fiscal y avanzar con una estrategia responsable. “No vamos a llorar sobre la leche derramada”, expresó, subrayando que el enfoque será mirar hacia adelante y utilizar “cada uno de los lempiras del pueblo hondureño” con responsabilidad fiscal y máxima disciplina.
En ese contexto, confirmó que la planilla de docentes de enero fue pagada completamente, con un desembolso de L1,924 millones, reconociendo que existieron retrasos iniciales, pero atribuyéndolos a problemas administrativos que se corrigieron tras la incorporación de la nueva ministra de Educación.
El ministro aseguró que el objetivo inmediato es que las planillas de febrero se carguen con normalidad, así como los pagos colaterales pendientes, incluyendo vacaciones y otras obligaciones laborales. El gobierno busca, dijo, avanzar de manera progresiva para evitar nuevas tensiones sociales y prevenir parálisis en los servicios públicos.
Pero uno de los frentes más sensibles está en el sector constructor. Hércules reveló que existe una deuda heredada de aproximadamente L3,400 millones con empresas de infraestructura, acumulada desde el año pasado. Indicó que ya se trabaja en un esquema de pagos parciales para cumplir en las próximas semanas y avanzar con el programa de bacheo nacional previo a Semana Santa.
Sin embargo, el golpe más fuerte para la estabilidad financiera, según el ministro, proviene de los embargos judiciales. En los últimos seis días, se habrían ejecutado alrededor de L2,700 millones en embargos contra la caja única del Estado, mediante débitos automáticos canalizados por el Banco Central de Honduras (BCH).
Hércules advirtió que este tipo de deducciones impactan de manera directa al Tesoro Nacional, afectando la capacidad de ejecución de salarios, proyectos públicos y el funcionamiento de las gerencias estatales. En otras palabras: el dinero entra, pero sale de inmediato, dejando al gobierno con una caja asfixiada.
Ante este escenario, informó que Finanzas ya trabaja junto al BCH y la Procuraduría General de la República, con el fin de analizar mecanismos que permitan aliviar la presión y recuperar margen operativo para sostener la administración pública.
El trasfondo es tan político como económico: el gobierno de Nasry Asfura inicia con la obligación de responder a promesas de campaña, mientras enfrenta una estructura financiera golpeada por deudas, atrasos y demandas judiciales que amenazan con drenar recursos clave. Redacción Bruce Villatoro CEO QuienOpina.Com
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