Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La reciente aprobación de la Ley Especial de Emergencia Vial abre un nuevo capítulo para la infraestructura nacional, con expectativas altas en el sector privado, que observa una ruta clara hacia la reactivación económica, dinamismo regional, mejora logística. La normativa surge en un momento clave, cuando múltiples zonas productivas enfrentan rezago vial, costos elevados de transporte, freno en cadenas de valor, factores que inciden directo en precios, empleo, competitividad.
El pronunciamiento empresarial coloca el foco en un punto sensible: invertir en carreteras no solo transforma concreto, también mueve oportunidades, ingreso familiar, actividad comercial en cada rincón del país. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), su gerente de Política Económica, Santiago Herrera, expuso que impulsar obras de infraestructura permite saldar compromisos con proveedores estatales, retomar construcciones paralizadas, activar circulación de capital en distintos rubros.
El efecto, según su análisis, impacta de forma transversal: más empleo, más consumo, más dinamismo local, especialmente en zonas fuera de grandes centros urbanos, donde cada tramo rehabilitado significa acceso real a mercados, salud, educación, producción agrícola. El componente logístico también pesa: una red vial en mejores condiciones reduce tiempos, merma daños en carga, fortalece la posición del sector exportador, clave para ingreso de divisas. Sin embargo, el respaldo empresarial llega con una advertencia firme: la palabra emergencia no debe convertirse en atajo para procesos opacos.
Herrera subrayó la necesidad de transparencia, controles claros, supervisión estricta en el uso de fondos públicos, con el fin de garantizar que cada lempira invertido se traduzca en resultados visibles, duraderos, medibles. La ley contempla bacheo provisional, mantenimiento preventivo, dragado para control de inundaciones, construcción, ampliación de puentes, dotación de equipo mecánico para gobiernos municipales, actores clave en el cuidado de la red vial terciaria, caminos productivos.
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Aníbal Erhler, detalló que la inversión inicial para primeras intervenciones oscila entre 750, 800 millones de lempiras, cifra que coloca a esta estrategia como uno de los movimientos de gasto público más relevantes del periodo reciente. Redacción Laura Valladares.
¡DIOS BENDIGA A HONDURAS!
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Tegucigalpa, Honduras | QuienOpina.Com – La reciente aprobación de la Ley Especial de Emergencia Vial abre un nuevo capítulo para la infraestructura nacional, con expectativas altas en el sector privado, que observa una ruta clara hacia la reactivación económica, dinamismo regional, mejora logística. La normativa surge en un momento clave, cuando múltiples zonas productivas enfrentan rezago vial, costos elevados de transporte, freno en cadenas de valor, factores que inciden directo en precios, empleo, competitividad.
El pronunciamiento empresarial coloca el foco en un punto sensible: invertir en carreteras no solo transforma concreto, también mueve oportunidades, ingreso familiar, actividad comercial en cada rincón del país. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), su gerente de Política Económica, Santiago Herrera, expuso que impulsar obras de infraestructura permite saldar compromisos con proveedores estatales, retomar construcciones paralizadas, activar circulación de capital en distintos rubros.
El efecto, según su análisis, impacta de forma transversal: más empleo, más consumo, más dinamismo local, especialmente en zonas fuera de grandes centros urbanos, donde cada tramo rehabilitado significa acceso real a mercados, salud, educación, producción agrícola. El componente logístico también pesa: una red vial en mejores condiciones reduce tiempos, merma daños en carga, fortalece la posición del sector exportador, clave para ingreso de divisas. Sin embargo, el respaldo empresarial llega con una advertencia firme: la palabra emergencia no debe convertirse en atajo para procesos opacos.
Herrera subrayó la necesidad de transparencia, controles claros, supervisión estricta en el uso de fondos públicos, con el fin de garantizar que cada lempira invertido se traduzca en resultados visibles, duraderos, medibles. La ley contempla bacheo provisional, mantenimiento preventivo, dragado para control de inundaciones, construcción, ampliación de puentes, dotación de equipo mecánico para gobiernos municipales, actores clave en el cuidado de la red vial terciaria, caminos productivos.
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Aníbal Erhler, detalló que la inversión inicial para primeras intervenciones oscila entre 750, 800 millones de lempiras, cifra que coloca a esta estrategia como uno de los movimientos de gasto público más relevantes del periodo reciente. Redacción Laura Valladares.
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