• La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, impulsa iniciativa para eliminar artículos clave del decreto 04-2022; Libre advierte polarización y cuestiona retroactividad TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Lissi Matute Cano, presentó la tarde de este martes una iniciativa orientada a derogar el decreto 04-2022, conocido por diversos sectores […] • La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, impulsa iniciativa para eliminar artículos clave del decreto 04-2022; Libre advierte polarización y cuestiona retroactividad TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Lissi Matute Cano, presentó la tarde de este martes una iniciativa orientada a derogar el decreto 04-2022, conocido por diversos sectores
• La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, impulsa iniciativa para eliminar artículos clave del decreto 04-2022; Libre advierte polarización y cuestiona retroactividad
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Lissi Matute Cano, presentó la tarde de este martes una iniciativa orientada a derogar el decreto 04-2022, conocido por diversos sectores como “Pacto de Impunidad 2.0”, normativa que permitió la emisión de cartas de libertad a figuras vinculadas al Partido Libertad y Refundación (Libre) acusadas por delitos de corrupción.
La propuesta plantea eliminar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 del decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 2 de febrero de 2022, denominado oficialmente “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”.
Revocar cartas de libertad y reactivar procesos
En la exposición de motivos, la iniciativa establece en su artículo 2 “dejar sin valor y efecto las cartas de libertad entregadas a personas beneficiadas por la amnistía otorgada en el decreto 04-2022”.
Asimismo, en el artículo 3 se dispone que jueces y tribunales deberán revisar de oficio las causas penales en las que se haya otorgado carta de libertad o que estén pendientes, con el objetivo de continuar con la judicialización inmediata, salvaguardando el debido proceso y el derecho a la defensa.
También se propone dejar sin valor el archivo administrativo otorgado en el Ministerio Público, sus dependencias, juzgados y tribunales, en expedientes relacionados con los delitos descritos en el artículo 4 del referido decreto.
La diputada proyectista sostuvo que la iniciativa “no es ninguna vendetta política ni un ajuste de cuentas”, y defendió que “no vamos a defender pactos, sino principios democráticos”.
El decreto fue turnado a la comisión de dictamen que preside el diputado Mario Alonso Pérez, la cual deberá presentar su informe en la sesión de este miércoles 25 de febrero de 2026.
Libre denuncia polarización
Desde la bancada oficialista, el diputado Rafael Sarmiento cuestionó la iniciativa al señalar que este tipo de propuestas profundizan la polarización política.
“Parece que tienen mucha prisa por aprobarlo”, expresó, al tiempo que advirtió que solicitar la revocatoria de cartas de libertad podría desconocer el principio de retroactividad de la ley.
Sarmiento adelantó que Libre fijará postura oficial durante la sesión del miércoles y abogó por discutir proyectos que beneficien directamente a la población, en lugar de impulsar decretos que —a su juicio— amplían las diferencias políticas.
El origen del decreto 04-2022
El decreto 04-2022 fue aprobado el 2 de febrero de 2022 y se denominó “Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009”.
La amnistía abarcó a funcionarios, empleados o autoridades electas que ejercieron cargos entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009, y que fueron requeridos, acusados o procesados por oponerse al golpe de Estado de 2009 o por actos vinculados al ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
No obstante, críticos señalaron que bajo el paraguas de “presos políticos” se incluyeron delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos, entre otros.
En su momento, el entonces ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, cuestionó los alcances de la amnistía aprobada por la junta directiva legislativa que presidió Luis Redondo.
La discusión anticipa un nuevo pulso político en el hemiciclo y reabre uno de los capítulos más controversiales del actual período legislativo.
Política – Confidencial HN
